La Tierra y el Territorio en la CPE

Este tema es complejo porque se determina con los más básico y sustancial que tienen las personas en nuestra sociedad, su hogar y su espacio vital, por ello es que la Constitución Política del Estado CPE expresa importantes valores, reglas y políticas sobre el particular; especialmente la demanda de una tenencia productiva de la tierra y que ésta cumpla una función económica social, por si fuera poco ha determinado a través de un referéndum la superficie máxima zonificada de posesión, establecida en una ley específica. En la intención de proporcionar seguridad jurídica en el sector agropecuario, y la necesidad de avanzar en el proceso de saneamiento de la tierra, el mismo texto constitucional establece que los límites de tierra ahí fijados no serán retroactivos en el tiempo. A continuación otros mandatos de la CPE sobre este trascendental tema y sus derivaciones sustanciales.

Los Territorios Indígenas

Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.

La CPE, a partir de éste artículo, y otros relacionados en cierta forma reconstituye los territorios indígenas y campesinos, como una forma de propiedad comunitaria indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible; asimismo, por medio del proceso de distribución colectiva de tierras fiscales fortalece la propiedad, y las formas económicas comunitarias, con ello fortalecen también la identidad de estos pueblos. Es de recalcar también que estos procesos están bien regulados para no distorsionar otros ámbitos, así como también para establecer adecuadamente una región indígena originario campesina, tal como está expresado en:

Artículo 295.

I. Para conformar una región indígena originario campesina que afecte límites municipales deberá previamente seguirse un procedimiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional cumpliendo los requisitos y condiciones particulares señalados por Ley.

II. La agregación de municipios, distritos municipales y/o autonomías indígena originario campesinas para conformar una región indígena originario campesina, se decidirá mediante referendo y/o de acuerdo a sus normas y procedimientos de consulta según corresponda y conforme a los requisitos y condiciones establecidos por la Constitución y la Ley.

Vistas así las cosas, la tierra -de propiedad colectiva- y los territorios indígena originario campesinos ya no son mercancías. Esto se avizora en la Ley N° 3545 de 28/11/2006 (“Ley de re-conducción comunitaria de la Reforma Agraria”).

Recursos naturales

Parte sustancial de la Tierra son los recursos naturales que alberga, asimismo, por su génesis, la CPE diagrama un nuevo Modelo de Gestión de los Recursos Naturales, vinculado directamente con: la conservación y desarrollo del medio ambiente y el ejercicio de los derechos colectivos. Estos re- cursos pasan a manos del estado:

Artículo 349

I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.

II. El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales.

Cuarta Parte, Título II, Capítulo Segundo: Tierra y Territorio, Nueva Constitución Política del Estado (p. 83)

Amazonía y “cambio climático”

“La deforestación y los incendios son las principales amenazas para los ecosistemas amazónicos de Bolivia, anualmente se deforestan 400.000 ha. para habilitar áreas agrícolas o ganaderas, mientras que la incidencia de los incendios es alta, llegando a registrarse más de 70.000 focos de calor anualmente”.

Uno de los pulmones del planeta es la Amazonía (Provincias Ballivián y Vaca Díez del Departamento del Beni, Pando, Provincia Iturralde de La Paz); es parte de un mensaje por la superación de los funestos efectos del “cambio climático”, el Estado retiene para sí el control sobre la Amazonía, y se le dedica enteramente el capítulo 8vo.:

Artículo 390

I. La cuenca amazónica boliviana constituye un espacio estratégico de especial protección para el desarrollo integral del país por su elevada sensibilidad ambiental, biodiversidad existente, recursos hídricos y por las ecoregiones.

II. La amazonía boliviana comprende la totalidad del departamento de Pando, la provincia Iturralde del departamento de La Paz y las provincias Vaca Díez y Ballivián del departamento del Beni. El desarrollo integral de la amazonía boliviana, como espacio territorial selvático de bosques húmedos tropicales, de acuerdo a sus específicas características de riqueza forestal extractiva y recolectora, se regirá por ley especial en beneficio de la región y del país.

La CPE reafirma la seguridad jurídica a quienes legalmente explotan recursos naturales renovables:

Artículo 30.

Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución, las naciones y pueblos indígenas originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.

Los recursos hídricos desde la “guerra del agua” En clara relación con la agenda derivada de la “guerra del agua” y la “guerra del gas”, establece como una responsabilidad Estatal la provisión de servicios como: agua y alcantarillado; electricidad; gas domiciliario; y telecomunicaciones; aunque abre la posibilidad que algunos servicios sean proveídos por empresas privadas. Se establece el acceso al agua y alcantarillado como “derechos humanos”, enfatizando que estos servicios no pueden ser objeto de privatización o concesión. En un concepto más genérico sobre el recurso hídrico:

Artículo 373.

I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.

II. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley.

LA CPE protege y garantiza el uso prioritario del agua para la vida, en el marco de la sustentabilidad, pero con participación social; es un recurso estratégico para el desarrollo y la soberanía boliviana, particularmente vinculada con la energía eléctrica, pero con la salvedad de que su aprovechamiento no debe ocasionar daños a los ecosistemas o disminuir sus caudales.

Energía, Medioambiente, consensos y Desarrollo

En este tema también se vincula con el carácter estratégico de la energía para el desarrollo del país y su servicio al vivir bien de los bolivianos/as, su definición como derecho fundamental, y su respectiva condicionante del respeto al medioambiente; el desafío está en la construcción de los nuevos escenarios para su adecuada articulación y el consenso requerido, particularmente en la Amazonía, relacionados con el cambio de la matriz energética y la cada vez mayor tuición del Estado sobre ellos, en todos los eslabones de la cadena productiva (Minería, ENDE y también los Ferrocarriles):

Artículo 378

I. Las diferentes formas de energía y sus fuentes constituyen un recurso estratégico, su acceso es un derecho fundamental y esencial para el desarrollo integral y social del país, y se regirá por los principios de eficiencia, continuidad, adaptabilidad y preservación del medio ambiente.

II. Es facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas de generación, transporte y distribución, a través de empresas públicas, mixtas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, empresas privadas, y empresas comunitarias y sociales, con participación y control social. La cadena productiva energética no podrá estar sujeta exclusivamente a intereses privados ni podrá concesionarse. La participación privada será regulada por la ley.

Los hidrocarburos para los y las bolivianos/as

Los hidrocarburos como palanca de desarrollo y disfrute para todos los bolivianos/as:

Artículo 30

15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.

16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios.

17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.

Así, la administración y las ganancias producidas con los hidrocarburos en todos los eslabones de la cadena productiva, se convierten en propiedad del estado para beneficiar al pueblo:

Artículo 359.

Los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado para su comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de los hidrocarburos será propiedad del Estado.

Max Morales Escobar

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